Tras más de cincuenta años de andadura, el proceso de integración europea se encuentra en uno de sus momentos más críticos y, al mismo tiempo, más decisivos. En el año 2004 tuvieron lugar dos hitos fundamentales de su historia. De una parte, se produjo el ingreso de diez nuevos estados miembros, configurándose de ese modo la Europa de los 25. De la otra, se procedió a la aprobación del texto del Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa. Pero además, la entrada el pasado 1 de enero de 2007 a marchas forzadas de Bulgaria y Rumania en la UE supone un paso decisivo para la unificación de la Europa del Este con la del Oeste. Así, tal como se preveía, y dada la enjundia de las decisiones tomadas, los acontecimientos descritos están provocando importantes reacciones en los diversos países europeos así como profundas repercusiones en las propias estructuras jurídicas y políticas en las que hasta ahora se han fundamentado tanto los Estados miembros como la propia Unión Europea.

La prueba más fehaciente de ello la encontramos en la intensa polémica surgida en el proceso de ratificación del nuevo texto constitucional por parte de los estados miembros. Polémica que ha alcanzado su punto culminante, por ahora, en el resultado negativo cosechado en los correspondientes referéndums de ratificación celebrados en Francia y Holanda, respectivamente. Tales resultados negativos, amén de las perspectivas nada optimistas existentes en el seno de la opinión pública de otros Estados miembros, sitúan al texto del Tratado Constitucional y, lo que es más importante, a la propia UE, en una complicada tesitura.