Tras más de cincuenta años de andadura, el proceso de integración europea se encuentra en uno de sus momentos más críticos y, al mismo tiempo, más decisivos. En el año 2004 tuvieron lugar dos hitos fundamentales de su historia. De una parte, se produjo el ingreso de diez nuevos estados miembros, configurándose de ese modo la Europa de los 25. De la otra, se procedió a la aprobación del texto del Tratado por el que se instituía una Constitución para Europa. Pero además, la entrada el 1 de enero de 2007 a marchas forzadas de Bulgaria y Rumania en la UE supuso un paso decisivo para la unificación de la Europa del Este con la del Oeste. Así, tal como se preveía, y dada la enjundia de las decisiones tomadas, los acontecimientos descritos provocaron importantes reacciones en los diversos países europeos así como profundas repercusiones en las propias estructuras jurídicas, políticas y económicas en las que hasta entonces se habían fundamentado tanto los Estados miembros como la propia Unión Europea.

La prueba más fehaciente de ello la encontramos en la intensa polémica surgida en el proceso de ratificación del texto constitucional que como es sabido fracasó tras el “no” en los referéndums francés y holandés, lo que motivó la aprobación del nuevo Tratado de Lisboa en cuya fase de ratificación nos encontramos ahora. El Tratado se firmó en Lisboa (dado que Portugal ostentaba la Presidencia del Consejo de la UE a la sazón), y habría sido ratificado por todos los Estados miembro para finales de 2008, a tiempo para las Elecciones al Parlamento Europeo de 2009. Sin embargo, el rechazo al Tratado por parte de la República Checa ha creado incertidumbre a este respecto.

Nos encontramos, por ello, en un momento de serias dificultades pero, al mismo tiempo, de inmejorables oportunidades. Cualesquiera que sean las decisiones que se vayan a tomar, no cabe la menor duda de que la Unión Europea en general y el propio Derecho comunitario en particular van a seguir avanzando de forma inevitable en el futuro. Ello hace que el Derecho y las instituciones europeas se configuren como el marco jurídico-político-económico fundamental que ningún ciudadano bien informado y, sobre todo, ningún profesional puede eludir.

A pesar de su incidencia directa y permanente en nuestras vidas y en nuestra actividad profesional, existe sin embargo un gran desconocimiento sobre el contenido y los efectos de la integración política y unión económica de la UE. Por ello, y con el fin de ayudar a cubrir esta laguna, la Universidad del País Vasco ha organizado en colaboración con diversas entidades (Fundación Asmoz de Eusko Ikaskuntza, Gobierno Vasco, Diputación Foral de Gipuzkoa, Diputación Foral de Bizkaia, Instituto Vasco de Administración Pública, Oficina en España del Parlamento Europeo, Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, etc.), un Máster Universitario en Integración Política y Unión Económica en la Unión Europea, cuyos objetivos concretos, metodología y programa se detallan a continuación.